Seguimos... Y seguiremos... reclamando una mayor justicia en los recortes!
viernes, 27 de julio de 2012
viernes, 20 de julio de 2012
miércoles, 18 de julio de 2012
Funcionarios y Función Pública
Tengo para mí que la causa última de la crisis económica que nos asola es de carácter sistémico o estructural y radica precisamente en la perversión primero y luego en la lenta y larga agonía de los principios en que descansa el estado de derecho. Quizás el más importante de esos principios violados sea el de la separación de poderes, que enunciaron los liberales ilustrados clásicos del siglo XVIII, en especial Montesquieu y Locke, con su famosa división entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Nadie que no sea político en activo o expectante podrá negar la fagocitación del legislativo por el ejecutivo o la politización extrema del poder judicial, cada vez más mediatizado por aquel.
Esta evidencia, sin embargo, oculta otros graves problemas que afectan de forma muy grave a la organización institucional del ejecutivo y concretamente a las relaciones entre los políticos, funcionarios y el resto de los trabajadores del sector público.
¿Qué es un funcionario? La respuesta parece de Perogrullo: Funcionario es aquél que realiza una función pública y en este sentido, es un servidor del estado o de la administración pública para la que realiza las funciones públicas. Sin embargo, si atendemos al número de funcionarios que hay en España y que según distintas fuentes ronda los 3 millones de personas, parece que algo falla.
El funcionariado fue concebido como un estatuto especial para proteger a los servidores públicos de las decisiones arbitrarias de quienes en cada momento ostentaran el poder. Por este motivo, se trató de reclutar a las mejores cabezas por medio de importantes barreras a la entrada (oposiciones) a fin de construir una administración altamente profesionalizada y que sirviera de contrapeso del poder político y sus urgencias temporales. En definitiva, la Administración fue concebida para actuar como garante de los intereses generales, pensando más en el largo plazo y dotar de estabilidad y eficacia a la acción política y de este modo, al conjunto del sistema político.
Por razones que no vienen al caso, este sistema que podríamos denominar napoleónico, quedó superado históricamente, de manera que en la actualidad ni siquiera como metáfora podemos defender que funcionario sea aquel que realiza funciones públicas. En efecto, si elaboramos un catálogo genérico de tales funciones quedarían indudablemente incluidas todas aquellas que llevan aparejado el ejercicio de un poder estatal: militares, policías, jueces, inspectores, reguladores, etc.
Sin embargo, el estatus de funcionario es disfrutado y ansiado por numerosos colectivos y personas que realizan las más variopintas actividades profesionales y económicas que ni por asomo llevan aparejado el ejercicio de poder administrativo alguno. Aparte de su condición funcionarial, lo único común a la pléyade de médicos y personal sanitario, arquitectos, ingenieros, bomberos, docentes, abogados, economistas, administrativos, científicos, periodistas, ferroviarios, transportistas, etc. es que sus actividades no tienen ni por asomo la condición del ejercicio de un poder del estado. ¿A qué viene entonces atribuirles el estatuto funcionarial cuando otras personas e incluso ellas mismas realizan estas actividades en la esfera privada?
La respuesta oficial es obvia: Es preciso que estas actividades se realicen en el seno del sector público en condiciones de respeto del principio de legalidad y en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos. Pero en la práctica, la realidad es otra y desvela el abuso perverso del sistema, sin necesidad de entrar en los casos patológicos de los funcionarios nombrados o enchufados a dedo.
Por razón de su importancia, el estatuto del funcionario es lógicamente privilegiado frente al del trabajador ordinario: Goza de una estabilidad vitalicia en el empleo, con un salario asegurado y las condiciones de movilidad geográfica y funcional son mucho más favorables en general que en los de una empresa privada, sin que ello suponga en general una retribución inferior. En los casos excepcionales en que la retribución en el sector privado es mayor, tienen la posibilidad de solicitar la excedencia, sin perder la plaza y en muchas ocasiones pueden compatibilizar el trabajo para el sector público y el privado. Tampoco es ningún secreto que las exigencias de productividad en el sector público nada tienen que ver con las que existen en el ámbito privado, de manera que la administración necesita con frecuencia externalizar determinados servicios, incluso en actividades que implican el ejercicio directo de funciones públicas (i.e. el encargo de la redacción de normas o dictámenes de su defensa en caso de impugnación a despachos privados). Corolario lógico de todo ello es que son muy numerosos los colectivos que reivindican su funcionarización pero prácticamente inexistentes quienes defienden lo contrario.
Pero desde el punto de vista político hay otras razones no tan visibles pero de mayor gravedad para el sistema. La generalización del estatuto funcionarial degrada su carácter y elimina por completo cualquier vestigio de control del poder político por parte de la propia administración. Provoca también una forzosa equiparación salarial, con un recorte de retribuciones extraordinario por arriba, de manera que las mejores cabezas ya no optan por hacer el esfuerzo necesario para ingresar con vocación de permanencia en la administración; todo lo más, utilizan legítimamente su paso por ella como si de un máster o practicum se tratara, previo a su incorporación al poder privado. De esta manera, la administración queda perfectamente neutralizada como contrapoder político, con una estructura elefantiásica totalmente ineficiente y consumidora bulímica de ingentísimos recursos.
Sin embargo no es inútil, ya que se ha convertido en el perfecto instrumento al servicio del poder político y del pensamiento único políticamente correcto, sin importar sus brutales ineficiencias jurídicas y económicas y que pasito a pasito, vaya ganando terreno a las libertades ciudadanas, degradando el estado de derecho.
Recortan el sueldo a todos los empleados públicos para no despedir a los enchufados
Por lo general uno intenta, aunque no siempre lo consigue, ser ponderado y ecuánime en las opiniones que vierte en este blog, pero eso no impide que hoy exprese con claridad mi opinión aun a riesgo de que luego haya quien diga que tan solo sangro por la herida.
Y es que no todos los días nos enteramos de que, no solo nos escamotean de la noche a la mañana casi tres mil euros del ala -medio millón de las antiguas pesetas (en parte ya devengados)-, sino que además, en virtud de la subida del tipo impositivo del impuesto sobre el valor añadido, nuestra capacidad adquisitiva se va a ver reducida más o menos en un 2% neto más, lo que unido a los anteriores recortes y al incremento del coste de la vida, en particular el inflexible crecimiento de los precios regulados de la energía y el combustible hace que, sin comerlo ni beberlo, uno sea casi un 25% más pobre que hace un par de años.
La herida es por si misma importante, pero para los que conocemos un poco de que va el cuento, aún fastidia más si cabe por la forma en la que se aprueba, en medio de los aplausos y vítores en el Congreso, como si estuvieran celebrando una victoria más de los políticos contra los funcionarios de carrera de toda la vida, pues en el fondo lo que subyace tras esta opción es que se recorta el sueldo a todos los empleados públicos para no tener que despedir a la legión de enchufados que durante los últimos años han ingresado en todas las administraciones públicas gracias a las corruptelas partidistas (sea cual sea el partido que las maneje) por la puerta de atrás y pasando olímpicamente del principio de mérito y capacidad y, en muchas ocasiones del principio de publicidad y libre concurrencia.
Muchos han sido los instrumentos para poder colocar a las huestes propias, los amigos y parientes. Así, partiendo de un inducido desprestigio de las pruebas selectivas de ingreso (decimonónicas, memorísticas, trasnochadas, elitistas…) para justificar su relajación o incluso su sustitución por otras fórmulas en las que los elementos subjetivos sean más fáciles de introducir; la medida más dañina que se ha adoptado en materia de función publica fue la aprobación de un Estatuto del empleado público que mezcla curras con merinas e iguala a todos por abajo, tan ambiguo y abierto que después de años sin desarrollar permite, por poner un ejemplo de aberración que afecta a los funcionarios del Grupo A, amortizar puestos de trabajo técnicos o directivos reservados a funcionarios para poder contratar para esos cargos en régimen laboral fuera del convenio colectivo a personas ajenas a la función pública, con el premio adicional de escamotear los puestos así creados del techo de gasto de personal fijado presupuestariamente.
Y qué decir de la falacia en la reducción o congelación en la tasa de reposición de efectivos a la par que se mantiene o se incrementa la prestación de servicios, cubriendo las vacantes derivadas de las bajas producidas bien con interinidades o contratos temporales controlados directa o indirectamente por los sindicatos, bien con externalizaciones de servicios que, en la mayoría de los casos, son contratos laborales fraudulentos por constituir una cesión ilegal de trabajadores con arreglo a la legislación laboral.
Los interinos así contratados tienden a consolidar después su posición gracias a procesos de selección “light”, y los trabajadores de las contratas terminan incorporándose a la administración vía sentencia judicial, gracias a una perversa jurisprudencia consolidada por el malhadado Estatuto Básico, que hace prevalecer en el ámbito de las administraciones públicas la subrogación empresarial en el caso de cesión fraudulenta de un trabajador de sobre los principio de mérito y capacidad en el ingreso en la función pública, sin que eso tenga coste alguno para el gestor que, a sabiendas, recurre a estas prácticas.
En definitiva, gracias tanto a las corruptelas e intereses de unos y de otros como a la cada vez más evidente patrimonialización de las administraciones públicas por los partidos políticos y sindicatos, nos encontramos con que la usucapión o prescripción adquisitiva de derechos se ha terminado convirtiendo en la práctica en una nueva –y artera- forma de acceso al empleo público.
Eso, por no empezar a hablar de los contratados por las fundaciones privadas de capital público o por todas esas empresas públicas creadas solo con la finalidad de gastar dinero público al margen del rigor establecido por el Derecho Administrativo y que aunque se ha anunciado varias veces su disolución, ahí siguen para uso y disfrute de los agraciados.
Hace ya algunos años, tuve ocasión de escuchar como todo un Secretario de Estado para las Administraciones Públicas, en una intervención pública invitado a un congreso de FEDECA, nos trató a quienes le escuchábamos de ”privilegiados por tener un puesto de trabajo fijo” y es posible que en parte así sea, pero desde luego, al menos en el caso de los allí congregados, no es en absoluto un privilegio gracioso, como el que pretenden consolidar a favor de otros con esta bajada de sueldo, sino que fue ganado a pulso en duros procesos selectivos a las que pudieron presentarse todos los españoles licenciados universitarios que cumplieran con los requisitos y, después, con unos cursus honorum más o menos accidentados, en los que la inmensa mayoría hemos servido a nuestro país con lealtad, dedicación y mucho trabajo, aun cuando pronto fuimos conscientes de que en nuestras carreras administrativas la suerte, la arbitrariedad política y corporativa o el amiguismo tienen mucha más influencia que el buen hacer o el buen saber (y en gran parte ese el problema que debemos resolver en nuestro modelo si queremos que sobreviva).
El qué ahora se vuelva a hacer tabla rasa y se trate por igual a justos y pecadores es una decisión que, como esa desastrosa amnistía para defraudadores, obvia cualquier componente ético y, en mi opinión, al margen del ahorro que pueda suponer, servirá principalmente para sembrar el desánimo en los funcionarios competentes y para justificar en su conducta a los alborotadores y a los que ya han tirado la toalla.
martes, 17 de julio de 2012
Ella es funcionaria... 900 €
Pilar Martínez (50 años) es celadora en un hospital madrileño, tiene dos hijos, paga una hipoteca desde hace 15 años y recibe un sueldo que se ha visto recortado en 200 euros en cuestión de meses. “Antes cobraba 1.100 euros, ahora apenas llego a los 900. Desde 2010 tengo más problemas”, admite. “Muchas veces no llego a final de mes”. Desde 1997, argumenta, los funcionarios han perdido poder adquisitivo. “Ahora ni voy al cine, ni de vacaciones”, afirma esta trabajadora que lleva 23 años en el mismo puesto.
Sus dos hijos ya no viven en la casa de esta divorciada, pero reconoce que uno de ellos tiene "muchas dificultades", ya que sus trabajos siempre son esporádicos y "precarios".
Según esta funcionaria, los trabajadores públicos viven “con mucho miedo”. Tanto, que no pueden ni ponerse enfermos: “Necesito operarme de los pies, pero no puedo estar de baja, porque perdería mucho dinero”. Según sus cálculos, dejaría de percibir entre un 60% y un 70%.
“Trabajando en sanidad, es un absurdo”, el nuevo escenario, afirma. “Cuido a enfermos todos los días. ¿Qué pasaría si un día voy con gripe a trabajar?”. Para ella, lo importante, hasta ahora, es mirar si tiene “para comer” y, si puede, dejarle algo de dinero a sus hijos.
Además, reniega de la imagen que tiene la sociedad de los funcionarios: "Somos la cabeza de turco de la sociedad", comenta. "Dicen de nosotros que somos unos vagos que entramos y salimos cuando queremos, pero somos mileuristas como todos. Y eso si llegamos".
Artículo publicado en "El País" (16 julio 2012)
No equivocarse de enemigo
Escribía hace poco en este mismo sitio sobre la fobia que parecíamos despertar los funcionarios públicos en algunos destacados representantes políticos, empresariales y financieros.
Siento, por ello, tener que volver sobre el tema. Pero, aun a riesgo de parecer pesada, creo que los últimos acontecimientos hacen que quienes desempeñamos una función pública no tengamos más remedio que salir al paso de tanto ataque, de tanta descalificación y de tanta injusticia.
Y decir, aunque sea por enésima vez, que la estabilidad en el empleo de los funcionarios no es un privilegio para ellos, sino una garantía de toda la sociedad. Porque sirve para preservar la neutralidad ideológica de la administración y los servicios públicos frente a los avatares de los cambios de gobierno, y su instrumentalización por quien, en cada momento, pueda detentar el poder político.
Que, además, y en cuanto oportunidad de empleo, está abierta absolutamente a todos los españoles, con arreglo a estrictos principios de igualdad de participación, y selección por mérito y capacidad, demostrados a través de las pruebas que en cada caso correspondan.
Y que, una vez que, tras muchos años de sacrificio, ha obtenido su plaza, lo normal es que el funcionario público se deje la piel intentando desempeñar el destino que le toque, con todo el ánimo y la ilusión de quien ha decidido dedicar su vida al servicio público. No a vaguear, o tomando "cafelitos", como decía, hace poco, el Secretario de Estado de Administraciones Públicas, seguramente con una intención bien premeditada.
Porque, a continuación, se ha desatado toda una carrera de descalificaciones, especialmente, por parte de los distintos "voceros" replicantes que menudean por tertulias y magacines, tras las cuales, se reducen los sueldos, se suprimen pagas y permisos y se aumenta el horario laboral de los funcionarios públicos.
Es decir que, primero, se insulta, se encizaña, se indispone a la opinión pública contra los funcionarios, para generar un clima adverso y hostil contra ellos. Y, a continuación, ya se dispone de coartada para aplicarles unos recortes en derechos económicos y sociales, yo creo que, en buena medida, claramente inconstitucionales.
Y que a mí me parece que responde al mismo criterio que cuando se dice que se sube el IVA, porque no todo el mundo paga lo que debería. O que se reducen las prestaciones por desempleo, para "incentivar" que los parados busquen trabajo.
Que, sin embargo, y sorprendentemente, no generan el reproche general hacia quienes así se expresan, desde la responsabilidad, además, de perseguir los fraudes que se produzcan, o de establecer las condiciones necesarias para generar empleo. Por el contrario, en muchos casos, da lugar a que se produzca un cierto enfrentamiento social de reproches cruzados entre los distintos colectivos de quienes, finalmente, terminan, todos ellos, resultando víctimas, perjudicados por tales decisiones.
Sería, por ello, fundamental, que nadie se llame a engaño ante tales manifestaciones, que parecen dirigidas a despertar la visceralidad de unos trabajadores-ciudadanos-contribuyentes contra otros, para desviar la atención e intentar justificar decisiones de difícil, cuando no imposible sustento.
Esos funcionarios cuyo rechazo tanto se fomenta, no son esa caricatura de los manguitos y la gorra de hule que desde esas posturas se sugiere. Son los médicos y demás sanitarios que, además, tienen que multiplicarse para atender a cada vez más pacientes, con menos recursos personales. Y lo mismo los maestros. O los policías, guardias civiles, bomberos, funcionarios de prisiones, o inspectores de Hacienda que, ante los déficits de plantillas tienen que asumir, a base de horas extras, que ni siquiera se les retribuyen, unos servicios cada vez mayores.
¿Y en la Administración de Justicia?. No es posible que quienes así nos descalifican desconozcan los datos públicos y constatados de la cada vez mayor y más inabarcable carga de trabajo de jueces, fiscales, secretarios judiciales y demás funcionarios que, según las estadísticas judiciales, año a año van incrementando el número de asuntos resueltos.
No puedo entender, por ello que quienes tienen la responsabilidad de gobernarnos recurran a comportamientos tan inexplicables como lanzar descalificaciones genéricas a quienes tienen el cometido de garantizar el funcionamiento de los servicios públicos básicos y esenciales para la sociedad.
Ni siquiera si lo hacen para justificar la reducción de sus retribuciones económicas hasta extremos que, en muchos casos, van a comprometer, incluso, el límite de su propia subsistencia y la de sus familias.
Primero, y sobre todo, porque es injusto. Y quienes conocemos, cada uno en su área, cómo se prestan los servicios públicos en otros países de nuestro entorno, podemos afirmar que estamos en los mejores niveles del resto de los países europeos. Y, en segundo lugar, porque, lo único que pueden conseguir con ello es afectar al propio crédito de España como Nación.
Como para que se fíen de nosotros quienes tienen que prestarnos el dinero para remontar esta situación de bancarrota en que hoy estamos.
Y claro que hay que reducir gastos en el sector público. Pero lo que ahora nos recortan a los funcionarios públicos no va a servir para otra cosa que para ganar algo de tiempo, y taponar sólo alguno de los numerosos agujeros por los que sí se está produciendo esa sangría pública de recursos que es la que verdaderamente hay que detener, antes de que acabe con todo un sistema que no da para más.
Que no es otra cosa que esa megalítica estructura política que han ido generando en las distintas administraciones públicas, a todos los niveles, superponiéndolas, normalmente, a la función pública real. No sólo por parte de los distintos cargos electos estatales autonómicos, locales y europeos, multiplicados hasta límites tan inverosímiles como innecesarios, sino toda la cohorte de asesores, consejeros y asistentes personales que cada uno haya tenido a bien llevarse consigo.
También las miles de empresas públicas sin más función que la de sustraerse a la aplicación de las normas que tienen que garantizar el control, la transparencia y la regularidad de toda actuación administrativa. Y que, de paso, sirven para colocar mucha gente afín, a dedo, cobrando, en su mayor parte, sueldos muy por encima de la media de los funcionarios del mismo nivel y ámbito de actuación.
Y podríamos seguir así, enumerando creaciones de este tipo páginas y páginas: embajadas autonómicas, televisiones públicas, coches oficiales, etc, etc, etc...Que nos dan idea de que, visto el panorama, ha sido tal la enormidad del derroche y el descontrol que lo que resulta difícil de entender es cómo hemos podido llegar hasta aquí, siquiera.
Y mientras no se acabe con toda esa anormal superestructura, ninguno de los sacrificios aislados de funcionarios, desempleados, pensionistas, ni contribuyentes va a servir para otra cosa que para irnos deteriorando cada día un poco más.
De las distintas quejas que un informativo recogía de los funcionarios que se manifestaban en una ciudad española, me llamó la atención una señora que decía: "Los derechos que hemos adquirido en veinte años los estamos perdiendo ahora en dos días"...
Porque es lo mismo que podrían decir muchos millones de españoles, afectados por otros recortes y otras medidas. No nos equivoquemos, pues, a la hora de decidir con quién tenemos que enfadarnos.
María Tardón - Jueza, Presidenta de la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid
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