Según la noticia publicada por Libertad Digital, la consultora Freemarket Corporate Intelligence (FCI) alerta de que la "deuda oculta" de las Comunidades Autónomas podría aparecer tras las elecciones municipales del domingo, "lo que dañaría seriamente la credibilidad del país". Según sus cálculos, las administraciones regionales y locales de España tienen una deuda no incluida en las cuentas oficiales de 26.400 millones de euros.
"Está claro que en algunos o muchos de los gobiernos regionales, las cuentas oficiales no reflejan la verdad", según el informe de FCI que recoge Financial Times. Una consultora dirigida por el economista Lorenzo Bernaldo de Quirós.
Parece claro que las nuevas administraciones, si hay cambio de partido en el poder, no van a asumir la deuda heredada sin precisar los detalles", recoge el estudio. Una situación similar a la que ha sucedido en la Generalitat catalana con la entrada de CIU que descubrió un agujero del anterior gobierno tripartito (PSC, ERC y ICyV).
Los últimos datos del Banco de España, según los parámetros de la Unión Europea, muestran que la deuda pública se ha duplicado a más de 115.000 millones de euros desde 2008, mientras que la deuda municipal y provincial ha aumentado a 35.000 millones y la deuda del Gobierno Central se sitúa en 488.000 millones de euros.
El problema, según el informe, es la deuda de las empresas públicas pertenecientes a autonomías y ayuntamientos que no hay que incluir en las cuentas según la norma contable de la UE. La consultora calcula que "hay cerca de 5.200 entidades regionales y locales con endedudamiento que no está incluido en las cuentas oficiales, por valor de unos 26.400 millones de euros".
Además, Quirós señala que otro método utilizado para ocultar la deuda pública durante la crisis de los últimos tres años ha sido dejar facturas sin pagar. De hecho, calculan que las comunidades autónomas adeudan unos 4.200 millones de euros a compañías farmacéuticas y otros proveedores de hospitales. De este modo, adeudarían más de 30.000 millones que, sin embargo, no aparecen en las cuentas oficiales.
En un informe de HSBC publicado el 16 de mayo de 2011, el economista Madhur Jha ha señalado que un déficit más grande del esperado de los gobiernos regionales sería preocupante. "Aumentaría el nerviosismo sobre el programa de austeridad fiscal de España", recogía el informe de HSBC.
Sin embargo, ante tales informaciones la ministra de Economía, Elena Salgado, ha descartado este martes que las comunidades autónomas afloren déficit oculto tras las elecciones autonómicas del 22 de mayo, como hizo Cataluña, y que ello provoque nuevos ataques de los mercados contra España.
"No, en absoluto", ha dicho Salgado al ser preguntada por si el Gobierno teme que los ejecutivos autonómicos revisen al alza los agujeros negros en sus cuentas tras los comicios o revelen facturas impagadas escondidas. "Entiendo que no", ha insistido. Salgado también ha negado que el Gobierno estudie aplicar nuevos ajustes tras la cita electoral para cumplir con el objetivo de déficit del 6% del PIB para este año, pese a que el diario elEconomista publicaba este martes lo contrario.
Así, el Ejecutivo ya habría diseñado un plan, que incluiría nuevos recortes en los sueldos de los funcionarios, aflorar sectores de economía sumergida complementarios al empleo oculto, apretar un poco más la tuerca del gasto de los ministerios, fusionar ayuntamientos con una población inferior a mil habitantes e, incluso, reducir las competencias de las diputaciones provinciales para reducir el déficit.
