Recortan el sueldo a todos los empleados públicos para no despedir a los enchufados

Por lo general uno intenta, aunque no siempre lo consigue, ser ponderado y ecuánime en las opiniones que vierte en este blog,  pero eso no impide que hoy exprese con claridad mi opinión aun a riesgo de que luego haya quien diga que tan solo sangro por la herida.

Y es que no todos los días nos enteramos de que, no solo nos escamotean de la noche a la mañana casi tres mil euros del ala -medio millón de las antiguas pesetas (en parte ya devengados)-, sino que además, en virtud de la subida del tipo impositivo del impuesto sobre el valor añadido, nuestra capacidad adquisitiva se va a ver reducida más o menos en un 2% neto más, lo que unido a los anteriores recortes y al incremento del coste de la vida, en particular el inflexible crecimiento de los precios regulados de la energía y el combustible hace que, sin comerlo ni beberlo, uno sea casi un 25% más pobre que hace un par de años.

La herida es por si misma importante, pero para los que conocemos un poco de que va el cuento, aún fastidia más si cabe por la forma en la que se aprueba, en medio de los aplausos y vítores en el Congreso, como si estuvieran celebrando una victoria más de los políticos contra los funcionarios de carrera de toda la vida, pues en el fondo lo que subyace tras esta opción es que se recorta el sueldo a todos los empleados públicos para no tener que despedir a la legión de enchufados que durante los últimos años han ingresado en todas las administraciones públicas gracias a las corruptelas partidistas (sea cual sea el partido que las maneje) por la puerta de atrás y pasando olímpicamente del principio de mérito y capacidad y, en muchas ocasiones del principio de publicidad y libre concurrencia.

Muchos han sido los instrumentos para poder colocar a las huestes propias, los amigos y parientes. Así, partiendo de un inducido desprestigio de las pruebas selectivas de ingreso (decimonónicas, memorísticas, trasnochadas, elitistas…) para justificar su relajación o incluso su sustitución por otras fórmulas en las que los elementos subjetivos sean más fáciles de introducir; la medida más dañina que se ha adoptado en materia de función publica fue la aprobación de un Estatuto del empleado público que mezcla curras con merinas e iguala a todos por abajo, tan ambiguo y abierto que después de años sin desarrollar permite, por poner un ejemplo de aberración que afecta a los funcionarios del Grupo A, amortizar puestos de trabajo técnicos o directivos reservados a funcionarios para poder contratar para esos cargos en régimen laboral fuera del convenio colectivo a personas ajenas a la función pública, con el premio adicional de escamotear los puestos así creados del techo de gasto de personal fijado presupuestariamente.

Y qué decir de la falacia en la reducción o congelación en la tasa de reposición de efectivos a la par que se mantiene o se incrementa la prestación de servicios, cubriendo las vacantes derivadas de las bajas producidas bien con interinidades o contratos temporales controlados directa o indirectamente por los sindicatos, bien con externalizaciones de servicios que, en la mayoría de los casos, son contratos laborales fraudulentos por constituir una cesión ilegal de trabajadores con arreglo a la legislación laboral.

Los interinos así contratados tienden a consolidar después su posición gracias a procesos de selección “light”, y los trabajadores de las contratas terminan incorporándose a la administración vía sentencia judicial, gracias a una perversa jurisprudencia consolidada por el malhadado Estatuto Básico, que hace prevalecer en el ámbito de las administraciones públicas la subrogación empresarial en el caso de cesión fraudulenta de un trabajador de sobre los principio de mérito y capacidad en el ingreso en la función pública, sin que eso tenga coste alguno para el gestor que, a sabiendas, recurre a estas prácticas.

En definitiva, gracias tanto a las corruptelas e intereses de unos y de otros como a la cada vez más evidente patrimonialización de las administraciones públicas por los partidos políticos y sindicatos, nos encontramos con que la usucapión o prescripción adquisitiva de derechos se ha terminado convirtiendo en la práctica en una nueva –y artera- forma de acceso al empleo público.

Eso, por no empezar a hablar de los contratados por las fundaciones privadas de capital público o por todas esas empresas públicas creadas solo con la finalidad de gastar dinero público al margen del rigor establecido por el Derecho Administrativo y que aunque se ha anunciado varias veces su disolución, ahí siguen para uso y disfrute de los agraciados.

Hace ya algunos años, tuve ocasión de escuchar como todo un Secretario de Estado para las Administraciones Públicas, en una intervención pública invitado a un congreso de FEDECA, nos trató a quienes le escuchábamos de ”privilegiados por tener un puesto de trabajo fijo” y es posible que en parte así sea, pero desde luego, al menos en el caso de los allí congregados, no es en absoluto un privilegio gracioso, como el que pretenden consolidar a favor de otros con esta bajada de sueldo, sino que fue ganado a pulso en duros procesos selectivos a las que pudieron presentarse todos los españoles licenciados universitarios que cumplieran con los requisitos y, después, con unos cursus honorum más o menos accidentados, en los que la inmensa mayoría hemos servido a nuestro país con lealtad, dedicación y mucho trabajo, aun cuando pronto fuimos conscientes de que en nuestras carreras administrativas la suerte, la arbitrariedad política y corporativa o el  amiguismo tienen mucha más influencia que el buen hacer o el buen saber (y en gran parte ese el problema que debemos resolver en nuestro modelo si queremos que sobreviva).

El qué ahora se vuelva a hacer tabla rasa y se trate por igual a justos y pecadores es una decisión que, como esa desastrosa amnistía para defraudadores, obvia cualquier componente ético y, en mi opinión, al margen del ahorro que pueda suponer,  servirá principalmente para sembrar el desánimo en los funcionarios competentes y para justificar en su conducta a los alborotadores y a los que ya han tirado la toalla.

José María Pérez Gómez  -  Hay Derecho

Ella es funcionaria... 900 €

Pilar Martínez (50 años) es celadora en un hospital madrileño, tiene dos hijos, paga una hipoteca desde hace 15 años y recibe un sueldo que se ha visto recortado en 200 euros en cuestión de meses. “Antes cobraba 1.100 euros, ahora apenas llego a los 900. Desde 2010 tengo más problemas”, admite. “Muchas veces no llego a final de mes”. Desde 1997, argumenta, los funcionarios han perdido poder adquisitivo. “Ahora ni voy al cine, ni de vacaciones”, afirma esta trabajadora que lleva 23 años en el mismo puesto.

Sus dos hijos ya no viven en la casa de esta divorciada, pero reconoce que uno de ellos tiene "muchas dificultades", ya que sus trabajos siempre son esporádicos y "precarios".

Según esta funcionaria, los trabajadores públicos viven “con mucho miedo”. Tanto, que no pueden ni ponerse enfermos: “Necesito operarme de los pies, pero no puedo estar de baja, porque perdería mucho dinero”. Según sus cálculos, dejaría de percibir entre un 60% y un 70%.

“Trabajando en sanidad, es un absurdo”, el nuevo escenario, afirma. “Cuido a enfermos todos los días. ¿Qué pasaría si un día voy con gripe a trabajar?”. Para ella, lo importante, hasta ahora, es mirar si tiene “para comer” y, si puede, dejarle algo de dinero a sus hijos.

Además, reniega de la imagen que tiene la sociedad de los funcionarios: "Somos la cabeza de turco de la sociedad", comenta. "Dicen de nosotros que somos unos vagos que entramos y salimos cuando queremos, pero somos mileuristas como todos. Y eso si llegamos".

Artículo publicado en "El País" (16 julio 2012)

No equivocarse de enemigo

            Escribía hace poco en este mismo sitio sobre la fobia que parecíamos despertar los funcionarios públicos en algunos destacados representantes políticos, empresariales y financieros.

            Siento, por ello, tener que volver sobre el tema. Pero, aun a riesgo de parecer pesada, creo que los últimos acontecimientos hacen que quienes desempeñamos una función pública no tengamos más remedio que salir al paso de tanto ataque, de tanta descalificación y de tanta injusticia.

            Y decir, aunque sea por enésima vez, que la estabilidad en el empleo de los funcionarios no es un privilegio para ellos, sino una garantía de toda la sociedad. Porque sirve para preservar la neutralidad ideológica de la administración y los servicios públicos frente a los avatares de los cambios de gobierno, y su instrumentalización por quien, en cada momento, pueda detentar el poder político.

            Que, además, y en cuanto oportunidad de empleo, está abierta absolutamente a todos los españoles, con arreglo a estrictos principios de igualdad de participación, y selección por mérito y capacidad, demostrados a través de las pruebas que en cada caso correspondan.

            Y que, una vez que, tras muchos años de sacrificio, ha obtenido su plaza, lo normal es que el funcionario público se deje la piel intentando desempeñar el destino que le toque, con todo el ánimo y la ilusión de quien ha decidido dedicar su vida al servicio público. No a vaguear, o tomando "cafelitos", como decía, hace poco, el Secretario de Estado de Administraciones Públicas, seguramente con una intención bien premeditada.

            Porque, a continuación, se ha desatado toda una carrera de descalificaciones, especialmente, por parte de los distintos "voceros" replicantes que menudean por tertulias y magacines, tras las cuales, se reducen los sueldos, se suprimen pagas y permisos y se aumenta el horario laboral de  los funcionarios públicos.

            Es decir que, primero, se insulta, se encizaña, se indispone a la opinión pública contra los funcionarios, para generar un clima adverso y hostil contra ellos. Y, a continuación, ya se dispone de coartada para aplicarles unos recortes en derechos económicos y sociales, yo creo que, en buena medida, claramente inconstitucionales.

            Y que a mí me parece que responde al mismo criterio que cuando se dice que se sube el IVA, porque no todo el mundo paga lo que debería. O que se reducen las prestaciones por desempleo, para "incentivar" que los parados busquen trabajo.

            Que, sin embargo, y sorprendentemente, no generan el reproche general hacia quienes así se expresan, desde la responsabilidad, además, de perseguir los fraudes que se produzcan, o de establecer las condiciones necesarias para generar empleo. Por el contrario, en muchos casos, da lugar a que se produzca un cierto enfrentamiento social de reproches cruzados entre los distintos colectivos de quienes, finalmente, terminan, todos ellos, resultando víctimas, perjudicados por tales decisiones.

            Sería, por ello, fundamental, que nadie se llame a engaño ante tales manifestaciones, que parecen dirigidas a despertar la visceralidad de unos trabajadores-ciudadanos-contribuyentes contra otros, para desviar la atención e intentar justificar decisiones de difícil, cuando no imposible sustento.

            Esos funcionarios cuyo rechazo tanto se fomenta, no son esa caricatura de los manguitos y la gorra de hule que desde esas posturas se sugiere. Son los médicos y demás sanitarios que, además, tienen que multiplicarse para atender a cada vez más pacientes, con menos recursos personales. Y lo mismo los maestros. O los policías, guardias civiles, bomberos, funcionarios de prisiones, o inspectores de Hacienda que, ante los déficits de plantillas tienen que asumir, a base de horas extras, que ni siquiera se les retribuyen, unos servicios cada vez mayores.

            ¿Y en la Administración de Justicia?. No es posible que quienes así nos descalifican desconozcan los datos públicos y constatados de la cada vez mayor y más inabarcable carga de trabajo de jueces, fiscales, secretarios judiciales y demás funcionarios que, según las estadísticas judiciales, año a año van incrementando el número de asuntos resueltos.

No puedo entender, por ello que quienes tienen la responsabilidad de gobernarnos recurran a comportamientos tan inexplicables como lanzar descalificaciones genéricas a quienes tienen el cometido de garantizar el funcionamiento de los servicios públicos básicos y esenciales para la sociedad.

Ni siquiera si lo hacen para justificar la reducción de sus retribuciones económicas hasta extremos que, en muchos casos, van a comprometer, incluso, el límite de su propia subsistencia y la de sus familias.

Primero, y sobre todo, porque es injusto. Y quienes conocemos, cada uno en su área, cómo se prestan los servicios públicos en otros países de nuestro entorno, podemos afirmar que estamos en los mejores niveles del resto de los países europeos. Y, en segundo lugar, porque, lo único que pueden conseguir con ello es afectar al propio crédito de España como Nación.

Como para que se fíen de nosotros quienes tienen que prestarnos el dinero para remontar esta situación de bancarrota en que hoy estamos.

Y claro que hay que reducir gastos en el sector público. Pero lo que ahora nos recortan a los funcionarios públicos no va a servir para otra cosa que para ganar algo de tiempo, y taponar sólo alguno de los numerosos agujeros por los que sí se está produciendo esa sangría pública de recursos que es la que verdaderamente hay que detener, antes de que acabe con todo un sistema que no da para más.

Que no es otra cosa que esa megalítica estructura política que han ido generando en las distintas administraciones públicas, a todos los niveles, superponiéndolas, normalmente, a la función pública real. No sólo por parte de los distintos cargos electos estatales autonómicos, locales y europeos, multiplicados hasta límites tan inverosímiles como innecesarios, sino toda la cohorte de asesores, consejeros y asistentes personales que cada uno haya tenido a bien llevarse consigo.

También las miles de empresas públicas sin más función que la de sustraerse a la aplicación de las normas que tienen que garantizar el control, la transparencia y la regularidad de toda actuación administrativa. Y que, de paso, sirven para colocar mucha gente afín, a dedo, cobrando, en su mayor parte, sueldos muy por encima de la media de los funcionarios del mismo nivel y ámbito de actuación.

Y podríamos seguir así, enumerando creaciones de este tipo páginas y páginas: embajadas autonómicas, televisiones públicas, coches oficiales, etc, etc, etc...Que nos dan idea de que, visto el panorama, ha sido tal la enormidad del derroche y el descontrol que lo que resulta difícil de entender es cómo hemos podido llegar hasta aquí, siquiera.

Y mientras no se acabe con toda esa anormal superestructura, ninguno de los sacrificios aislados de funcionarios, desempleados, pensionistas, ni contribuyentes va a servir para otra cosa que para irnos deteriorando cada día un poco más.

De las distintas quejas que un informativo recogía de los funcionarios que se manifestaban en una ciudad española, me llamó la atención una señora que decía: "Los derechos que hemos adquirido en veinte años los estamos perdiendo ahora en dos días"...

Porque es lo mismo que podrían decir muchos millones de españoles, afectados por otros recortes y otras medidas.  No nos equivoquemos, pues, a la hora de decidir con quién tenemos que enfadarnos.     

María Tardón - Jueza, Presidenta de la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid

Manifestación 15 julio 2012

Manifestación espontánea de funcionarios, en la tarde noche del 15 de julio de 2012, contra los RECORTES del Gobierno, al grito de "HASTA LAS PELOTAS, DE CAPULLOS Y GAVIOTAS", "HIJOS DE FABRA", o "EL PRÓXIMO PARADO QUE SEA DIPUTADO".

Gracias Funcionarios

Ante el ataque a los funcionarios, me pregunto qué pasaría si los titulares de prensa tuvieran un tenor parecido a éste:

Un funcionario descubre el bosón de Higgs (Peter Ware Higgs es profesor de física con tenure, equivalente a funcionario).

Un funcionario consigue incrementar la donación de órganos en España con cifras sin precedentes (Rafael Matesanz es funcionario).

Un funcionario consigue que se detenga a Pinochet (Baltasar Garzón era funcionario).

Un funcionario consigue reducir las muertes en carretera en más de un 50% (Pere Navarro es funcionario, y era además alto cargo como Director General de Tráfico).

Un funcionario salva a una mujer de ser asesinada por su marido (pensad en guardias civiles, policías...).

Un funcionario detiene a un peligroso terrorista.

Y yo quizá diría: un funcionario ayuda a nacer a mi hijo. Una funcionaria me enseña a darle el pecho. Otra funcionaria me atiende los días posteriores y se asegura de que todo está bien.

Gracias funcionarios.

Violeta Ruíz - Cartas al Director (El País, 15 julio 2012)

No vuelva usted mañana

Parece que ahora son los culpables de la crisis. Ni los bancos que ofrecían productos basura, ni la especulación urbanística que ha llenado de cemento nuestros litorales, ni las políticas que veían brotes verdes donde sólo había negros pozos. La crítica generalizada a los funcionarios llena diarios y tertulias. La imagen de un empleado público, ineficaz y holgazán, y que siempre está almorzando, ha ido haciendo mella en la sociedad. Pero funcionarios también son los médicos que salvan vidas, las enfermeras que cuidan a las personas con dificultades, el policía que arriesga su vida para que la de los demás sea más cómoda, o el profesor que nos abre la mente para que no caigamos, una y otra vez, en prejuicios creados con toda la intencionalidad.

Suele utilizarse el nombre de Larra para criticar a los funcionarios, citando una y otra vez el célebre artículoVuelva usted mañana, publicado en 1833 en El Pobrecito Hablador bajo el pseudónimo del Bachiller. El escritor romántico, muy crítico con la sociedad en la que le tocó vivir, realiza una sátira del trabajador español, y le acusa de estar regido por el "pecado mortal de la pereza". El texto narra cómo un extranjero visita España para invertir su capital. Sans-délai, que viene de París, quería permanecer 15 días para resolver sus objetivos. El narrador del artículo le responde con una carcajada y le asegura que no se marchará de Madrid en menos de quince meses. "Sabed que no estáis en vuestro país activo y trabajador", le dice.

Larra nos explica las peripecias que el extranjero va sufriendo. Primero busca un genealogista para encontrar sus antepasados familiares. La respuesta de la criada del "profesional" siempre será la misma: "Vuelva usted mañana". Un día está en los toros, otro; haciendo la siesta, otro; no se ha levantado todavía y, finalmente, se equivoca con su apellido. Más tarde, Sans-délai topará con un traductor, un escribiente, un sastre, un zapatero, una planchadora o un sombrerero. Ni rastro del funcionario, burócrata y despreocupado, al que tantas veces se alude al citar el conocido artículo.

Es cierto que al final del texto describe a un "oficial de mesa", una "señoría" que no les atiende porque dice estar siempre ocupadísimo, aunque la verdad es que está leyendo el periódico. Pero tampoco se trata de un funcionario tal y como hoy lo entendemos porque esa figura, en realidad, no existía. El empleado público típico del siglo XIX se llamaba "cesante", era designado por el político de turno, y elegido por sus filias más que por sus méritos. Ahí está la verdadera crítica.

El cesante, pues, es lo que hoy se reproduce en forma de cargos elegidos a dedo - podemos poner tantos ejemplos, aún... - y sin ningún tipo de experiencia anterior en el lugar que va a ocupar. Es por ello, porque el estado necesita técnicos cualificados y profesionales especialistas, que ya Antonio Maura, en 1898, denuncia la situación en un duro discurso en la Academia de Jurisprudencia (también lo hace, en 1888, Benito Pérez Galdós en su novelaMiau). No será hasta el Estatuto de 1918 cuando se recogerá la inamovilidad de los funcionarios, medida fundamental para conseguir la independencia de la Función Pública, y la estabilidad de las administraciones.

Qué duda cabe que en un mundo complejo todo es revisable. Y, hoy, buscar la máxima eficacia no sólo es necesario, sino imprescindible. Pero culpabilizar a los funcionarios de la actual situación económica es, además de injusto, contradictorio. Mientras el autor de Vuelva usted mañana se ríe del "loco orgullo de no saber nada, de quererlo adivinar todo y no reconocer maestros", los funcionarios lo son por pasar pruebas, oposiciones y demostrar aptitudes. Es en la meritocracia - aunque ésta siempre sea discutible y llena de matices - donde el ciudadano encuentra la igualdad de oportunidades y, por lo tanto, garantiza su propia libertad y la de los demás. Podemos recortar el sueldo a los funcionarios, acusarles de que tengan empleo estable (omitiendo que lo tienen porque se han preparado para ello), pero no nos equivoquemos. "La verdadera intriga" para que un país no vaya a la hora, según Larra, es la pereza. "Ésa es la gran causa oculta: es más fácil negar las cosas que enterarse de ellas", nos avisa.

Albert Lladó - La Vanguardia (26 diciembre 2011)

SEGUID LLAMÁNDOME PRIVILEGIADA Y NO RESPONDO

El Gobierno ha anunciado nuevos recortes sociales, entre los que se encuentra la supresión de la paga “extra” de Navidad a los funcionarios. Dentro de lo apocalíptico de la situación, la jugada política es impecable. Nuestro presidente habla de paga “extra” en lugar de lo que realmente es, una bajada de sueldo del 7%. Con ello demuestra de nuevo el soberbio dominio del poder de las palabras que caracteriza la retórica del PP, al tiempo que acalla voces críticas: No miren la subida del IVA, fíjense mejor en como castigamos a los funcionarios, que como todos sabemos, son unos vagos y unos privilegiados. Y así, mientras unos rompían en aplausos, otros veíamos como éramos de golpe doblemente más pobres. Por un lado se nos bajaba el sueldo por nuestra condición de privilegiados, y por otra se nos subían los impuestos como a cualquier otro ciudadano.

Tras escuchar este anuncio, yo salí junto a otros miles a manifestarme con los mineros, porque, parafraseando a Publio Terencio, nada de lo obrero me es ajeno. Sin embargo, ¿cuánta gente se manifestaría con los funcionarios como trabajadores? No me refiero a manifestarse en defensa de los servicios públicos, sino en defensa de los derechos de los funcionarios como obreros. ¿Saldría usted a protestar conmigo por nuestra bajada de sueldo? ¿o por el aumento en nuestra carga de trabajo? – Carcajada.

España es una país funcionarista, y el funcionarismo, un tipo de discriminación no reconocido por la sociedad. Cuando alguien dice que los andaluces somos unos vagos, o que los chinos nos invaden, o que los musulmanes son unos maltratadores, suele haber alguien que enseguida se le echa al cuello (y con toda la razón) por hacer uso de una generalización discriminatoria de un estereotipo. Sin embargo, cuando alguien dice que un funcionario es un privilegiado o un vago, mucha gente asiente y al punto alguien dice “Uys, sí, yo tengo un amigo funcionario que…” 1. desayuna tres veces, 2. hace la compra en horario laboral, 3. se da de baja sin estar enfermo, 4. todas las anteriores y alguna más.

No mucha gente parece pararse a pensar que esta generalización discriminatoria incluye a 1,6 millones de funcionarios, más otro millón de interinos y personal laboral del sector público. 2,6 millones de personas, todas ellas vagas y privilegiadas. La llamada casta parasitaria. Yo soy funcionaria, hago un trabajo y se me paga por ello. Siguiendo esta lógica, ¿es usted entonces un parásito de su empresa?

En este grupo de privilegiados parásitos se incluye por igual no sólo al funcionario-profesor, al funcionario-enfermero o al funcionario-administrativo, sino al funcionario-profesional y al funcionario-jeta. Y profesionales y jetas hay en todas partes, no sólo en el sector público. Sin embargo, a todos nos gusta señalar con dedo acusador a los funcionarios. De hecho, incluso nosotros mismos nos acusamos unos a otros: “Yo soy funcionario, pero médico, oiga, ¡no de los de ventanilla de registro que se pasan la mañana en el bar!”. Pues también hay grandes profesionales que trabajan detrás de una ventanilla, mire usted.

La raíz de esta discriminación está en confundir privilegios con derechos, sumados al carácter envidioso del español medio: nos cuesta asumir que alguien esté mejor que nosotros, y lejos de luchar por conseguir que todos mejoremos y alcancemos el nivel del que está mejor, nos regodeamos en el morbo de ver hundirse al de al lado.

A pesar de la insistencia de muchos miembros del Gobierno en la idea de que los funcionarios somos unos privilegiados, la realidad es que no somos más que trabajadores. Unos trabajadores que en su mayoría no ganan más de 1.000 euros al mes. Unos trabajadores que en tiempos de bonanza no recibieron un aumento del 12%, que es lo que se nos ha rebajado en los últimos dos años a nivel nacional (a esta cifra hay que sumar el porcentaje que cada comunidad ha estimado oportuno llevar a cabo). Unos trabajadores que hemos sufrido durante años las burlas de los demás por tener unos sueldos miserables en comparación con el pseudo-enriquecimiento colectivo. Unos trabajadores que tenemos el privilegio de pagar con nuestro trabajo, nuestros impuestos y nuestros sueldos una crisis en la que poco hemos tenido que ver. Unos trabajadores que tenemos que hacer lo anterior como el resto y encima sufrir un linchamiento colectivo por el mero hecho de haber elegido una carrera profesional en la función pública.

Dicen que nuestros privilegios son la estabilidad laboral, nuestros sueldos, nuestras vacaciones, nuestros días por asuntos propios… Señores, esos son nuestros derechos como trabajadores y también los estamos perdiendo. Nuestros privilegios son otros. Nuestro privilegio es educar a las generaciones futuras, curar a los demás, salvar sus vidas en un incendio, gestionar que se haga justicia, casarles o hacerles llegar su correo. Y todo esto lo hacemos sin bonus, sin cestas de Navidad (ni paga desde ahora), sin ascensos, sin reconocimiento ni agradecimiento. Y si usted piensa ahora “A mi también me han bajado el sueldo” o “Peor estoy yo que no tengo trabajo”, recuerde, por favor, que los funcionarios no tenemos la culpa de eso. Si es de los que piensa “Peor estamos muchos y no protestamos”, por favor, proteste. Y piense lo que piense, no sea funcionarista.Juzgue a cada cual por el trabajo que realiza, y no se olvide de los que nos gobiernan. Gire su dedo acusador hacia ellos, igual entonces las cosas cambian.

Cruz Díez. Profesora de Enseñanza Secundaria. Funcionaria. "Privilegiada".