Asamblea

JUNTA de PERSONAL. INFORMACIÓN

En reunión celebrada de la Junta de Personal del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, a las diez horas del día de la fecha, se han adoptado las siguientes resoluciones por los motivos que se referencian a continuación.

1.                          Se considera la resolución de la Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real del pasado lunes día 23 de abril como una brutal agresión a los derechos de todos los trabajadores, vulnerando el Acuerdo Marco en vigor.

2.                          Que igualmente, se considera que se vulneran los principios de legalidad en los que debe regirse un trámite de este tipo.

3.                          Que las resoluciones que afectan de tal manera a los trabajadores son, el despido de trabajadores municipales, la posible rebaja de conceptos retributivos, la mala fe negociadora del Equipo de Gobierno, la toma de decisiones unilaterales por parte del Equipo de Gobierno, el no cumplimiento de los plazos legalmente establecidos para los trámites administrativos y por encima de todo, la falta de respeto total a todo el personal de este Ayuntamiento.

4.                          El rechazo frontal al “todo vale” del Equipo de Gobierno, vulnerando presuntamente cualquier principio legal, tanto administrativo como penal.

Por todo ello, se adoptan las siguientes resoluciones:

1.      Unidad plena de acción de todas las formaciones sindicales del Excmo Ayuntamiento de Ciudad Real.

2.      Convocatoria de Asamblea General de trabajadores para el próximo jueves día 03 de mayo, a las 18,30 horas en el SALON DE ACTOS del edificio de servicios multiples de la c/ Alarcos (antiguos ministerios).

3.      Reconocer a la Asamblea de trabajadores como soberana para la adopción de cualquier tipo de medida de movilización.

Montoro dice que la Administración Pública no es una oficina de contratación

Adjuntamos una noticia de EFE, de 20 de marzo de 2012:

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha afirmado hoy que la reforma de la Administración "no debe dar miedo a nadie" y que "ningún funcionario tiene nada que temer", si bien ha dejado claro que la administración pública "no es una oficina de contratación".En una conferencia en el Club Antares de Sevilla, patrocinada por el BBVA Montoro ha defendido que hay que cambiar el concepto "equivocado" de la función pública en el sentido de creer que quien saca una oposición ya lo tiene todo hecho y un empleo seguro. Ha abogado por abandonar esa mentalidad porque quien trabaja en un servicio público "se lo tiene que ganar como todos los españoles" e incluso de forma más exigente y ha apostado por una administración eficiente que evite la superposición de competencias y el despilfarro."Parece que estamos ante oficinas de colocación y eso es un concepto equivocado", ha señalado el ministro, quien ha insistido en que los ayuntamientos "no están para contratar a gente, sino para contratar a gente que sirva a los ciudadanos". Preguntado en el coloquio por la información que aparece hoy en el diario "El País" sobre que Hacienda plantea rebajas de sueldo y despidos en los ayuntamientos acogidos al plan de pago a proveedores, Montoro ha respondido, a lo que ha denominado "prensa libre", que el Gobierno pretende que las administraciones lleven a cabo planes de ahorro y supresión de organismos y que el sueldo de los empleados no se reduzca "si no es para dar más viabilidad a un ente público que pueda tener sobredimensión de su plantilla".No obstante, ha aclarado que eso lo tendrá que valorar cada administración y ha garantizado que el Gobierno central mantendrá el sueldo de los funcionarios en los presupuestos del Estado para 2012.De los planes de saneamiento que se les requieren a los ayuntamientos acogidos al plan de proveedores "no se desprende una situación negativa" para los funcionarios, ha señalado. Además, en su opinión, ningún funcionario está "cómodo sabiendo que su ayuntamiento es insolvente o que su sueldo se lo pagan con crédito", por eso es importante que desaparezca el déficit estructural y esto hará que tengan "auténtica seguridad en su empleo y no se vea sometido a vaivenes y amenazas "Con esos titulares se pretende crear "miedo a la gente", según el ministro, quien ha asegurado que "el que tiene que tener miedo es el que ha sido contratado para tener los brazos cruzados".Asimismo, ha reprochado a la "prensa libre" que no informara cuando se destruían cientos de miles de empleos por no pagar las facturas las administraciones y ha apostillado: "Parece que solo les preocupa un lado".Cuestionado en el coloquio sobre la reforma laboral, el titular de Hacienda ha reiterado que "no habrá ningún cambio en los elementos sustanciales" y ha sostenido que sólo desde "posiciones conservacionistas se puede defender" el modelo anterior.

Desde AF debemos añadir, con la dosis de ironía que nos acompaña, que entendemos que la Administración Pública no es una oficina de contratación. No. Para eso ya está la empresa privada, y aquí hay algunos ejemplos:

-          el marido de Soraya Sáenz de Santamaría

-          la mujer de Eduardo Madina

-          Eduardo Zaplana

-          Felipe González

-          José María Aznar

-      Elena Salgado

-      Pedro Solbes

carta abierta

EL DESPRECIO POLÍTICO AL FUNCIONARIADO

Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplaude de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.

Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.

Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.

Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos. En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.

Francisco J. Bastida - Catedrático de Derecho Constitucional

carta de un funcionario

REPRODUCIMOS, TEXTUALMENTE, LA CARTA ABIERTA DE UNA FUNCIONARIA QUE ESTÁ CIRCULANDO POR LA RED:


Resulta que en la década prodigiosa del pelotazo, cuando media España se lo llevaba caliente a casa, cuando un encofrador sin estudios se embolsaba tres mil euros, cuando hasta el último garrulo montaba una constructora y en connivencia con un par de concejales se forraba sin cuento, cuando un gañán que no sabía levantar tres ladrillos a derechas se paseaba en Audi, los funcionarios aguantaban y penaban. Nadie se acordaba de ellos. Eran los parias, los que hacían números para cuadrar su hipoteca, hacer la compra en el Carrefour y llegar a fin de mes, porque un nutrido grupo de compatriotas se estaba haciendo de oro inflando el globo de la economía hasta llegar a lo que ahora hemos llegado.
               
Y ahora que el asunto explota y se viene abajo, la culpa del desmadre es de los funcionarios. Los alcaldes, diputados y senadores que gobiernan la cosa pública a cambio de una buena morterada no son responsables de nada y nos apuntan directamente a nosotros: somos demasiados, hay que ultracongelarnos, somos poco productivos. Los responsables bancarios que prestaron dinero a quienes sabían que no podrían devolverlo tampoco se dan por aludidos. Todos los intermediarios inmobiliarios, especuladores, amigos de alcalde y compañeros de partida de casino de diputado provincial no tenían noticia del asunto. Nosotros sí. Como diría José Mota: ¿Ellos? No. ¿Nosotros? Sí. ¿Siendo así que ellos? No. Por tanto, ¿nosotros? Si.
               
La culpa, según estos preclaros adalides de la estupidez, es del juez, abogado del estado, inspector de hacienda, administrador civil del estado que, en lugar de dedicarse a la especulación inmobiliaria a toca teja, ha estado cinco o seis años recluido en su habitación, pálido como un vampiro, con menos vida social que una rata de laboratorio y tanto sexo como un chotacabras, para preparar unas oposiciones monstruosas y de resultado siempre incierto, precedidas, como no podía ser de otra forma, de otros cinco arduos años de carrera. Del profesor que ha sorteado destinos en pueblos que no aparecen en el mapa para meter en vereda a benjamines que hacen lo que les sale de los genitales porque sus progenitores han abdicado de sus responsabilidades. Del auxiliar administrativo del Estado natural de Écija y destinado en Barcelona que con un sueldo de 1000 euros paga un alquiler mensual de 700 y soporta estoicamente que un taxista que gana 3000 le diga "¡joder, qué suerte, funcionario!".
               
La culpa es nuestra. A poco que nos descuidemos nosotros los funcionarios seremos el chivo expiatorio de toda una caterva de inútiles, vividores, mangantes, políticos semianalfabetos, altos cargos de nombramiento digital, truhanes, pícaros, periodistas ganapanes y economistas de a verlas venir que sabían perfectamente que el asunto tarde o temprano tenía que petar, pero que aprovecharon a fondo el momento al grito de ¡mientras dure dura!, y que ahora, con esa autoridad que da tener un rostro a prueba de bomba, se pasan al otro lado del río y no sólo tienen recetas para arreglar lo que ellos mismo ayudaron a estropear, sino que, además, han llegado a la conclusión de que los culpables son... tachán...los funcionarios.
               
Soy funcionario. Y además bastante recalcitrante: tengo cinco títulos distintos. Ganados compitiendo en buena lid contra miles de candidatos. ¿Y saben qué? No me avergüenzo de nada. No debo nada a nadie (sólo a mi familia, maestros y profesores). No tengo que pedir perdón. No me tocó la lotería. No gané el premio gordo en una tómbola. No me expropiaron una finca. No me nombraron alto cargo, director provincial ni vocal asesor por agitar un carnet político que nunca he tenido.
                Aprobé frente a tribunales formados por ceñudos señores a los que no conocía de nada. En buena lid: sin concejal proclive, pariente político, mano protectora ni favor de amigo. Después de muchas noches de desvelos, angustias y desvaríos y con la sola e inestimable compañía de mis santos cojones. Como tantos y tantos compañeros anónimos  repartidos por toda España a los que ahora algunos mendaces quieren convertir, por arte de birlibirloque, en culpables de la crisis.
               
Amigos funcionarios, estamos rodeados de gente muy tonta y muy hija de puta.
               
PD. Si alguien, en cualquier contexto, os reprocha -como es frecuente- vuestra condición de funcionario os propongo el refinado argumento que yo utilizo en estos casos, en memoria del gran Fernando Fernán-Gómez: "váyase Usted a la mierda, hombre, a la puta mierda!!!".

el Ayuntamiento anuncia reducción de gastos...

Ayer, se presentó por parte de la alcaldesa, Dña. Rosa Romero, el PLAN DE GARANTÍA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL (2ª fase). Este Plan establece una serie de reducciones en el gasto de la Administración Municipal. Dicho Plan será aprobado en la Junta de Gobierno Local del próximo lunes 26 de septiembre, poniéndose en marcha inmediatamente.

Podéis consultar la noticia en los diarios Lanza, La Tribuna y Mi Ciudad Real, y en la propia web del Ayuntamiento.

Estas medidas nunca son agradables, así que para sobrellevarlas os dejamos con dos gotas de humor (algo negro, eso sí):

Estatutos

Ya podéis consultar los Estatutos de AF, publicados en el BOP del 12 de septiembre de 2011.