Clases de españoles

El año que viene sólo habrá dos clases de españoles. A saber:

Protesta 19 octubre 2012

El Estado recorta funcionarios pero mantiene altos cargos

(artículo publicado en El País, el 29 de septiembre de 2012)

Menos funcionarios, pero igual número de altos cargos. Los Presupuestos Generales del Estado cifran en 474.605 los funcionarios del Estado existentes en 2013, lo que supone un descenso del 2,2% respecto al ejercicio anterior. La caída en el número de servidores del Estado, en un contexto de recortes generalizados, no afecta, sin embargo al número de altos cargos, que se mantiene. Serán 455 en lugar de los 456 de 2012. Sin embargo, si se comparan los proyectos de presupuestos que se presentaron en 2012 y el de 2013, el grupo de altos cargos crece un 4,3% y pasa de 436 este año a 455 el próximo. Con todo, el grupo formado por los altos cargos previstos para 2013 supone el 0,08% del conjunto de los funcionarios (sumado el conjunto del personal que trabaja para el Estado) y está muy alejado del número máximo que llegaron a alcanzar en el año 2009 (547 altos cargos que suponían el 0,09% del funcionariado). En los últimos tres años, el selecto club que forma la cúpula de la función pública ha adelgazado un 17%.

El total de servidores públicos, incluido el personal eventual (842), el laboral fijo (56.056), el laboral eventual (5.298) y el personal vario (9.846) se situará en 547.102 personas, lo que supone un descenso del 2,55. Destaca la fuerte caída del personal laboral fijo, que alcanzará un 5,7%.

El gasto de personal previsto llegará los 27.338 millones de euros, un 1,2% menos que este año. Por departamentos (excluidos los pagos a las clases pasivas, que alcanzan los 10.857 millones y crecen un 8,9%), el mayor gasto de personal corresponderá al Ministerio de Interior (6.072 millones) Le seguirá el Ministerio de Defensa (4.636 millones) y  el  Ministerio de Justicia (81.279 millones).  Los tres departamentos, no obstante, sufren recortes de entre el 2,9% y el 2,8%. Otros 1.935 millones  están consignados como "gastos de diversos ministerios".

La sección de gasto de personal con menor presupuesto es la que corresponde al Consejo de Estado, del que forman parte, entre otros, antiguos miembros del Gobierno. Su presupuesto para personal será de 7,98 millones (un 1,9% menos que en 2012). Se salvan de los recortes el Tribunal de Cuentas (52,78 millones a personal, un 0,6% más) y el Tribunal Constitucional (17,07 millones, sin cambios respecto al ejercicio anterior).

Fuente: El País 

Protesta 21 septiembre

Protesta 14 septiembre

Protesta 07 septiembre

Protesta 31 agosto

Protesta 24 agosto

Protesta 17 agosto

Políticos opositando: ahí los quiero ver

Lo sugería el ex embajador Paco Vázquez hace unos días, de guasa. Aunque tiene razón: debería ser obligatorio. Como a registrador de la propiedad, pero con temario más amplio. Y quien no llegue, a tomar por saco. Búscate la vida, chaval. O chavala. Recogiendo melones, fregando suelos o podando setos, como la gente que no tiene más remedio; y que, sin embargo, a menudo está mejor preparada. Ignoro si de ese modo iba a resolverse algo, pero introduciría algo de justicia en el putiferio. Sentido común dentro del esperpento nacional. Porque oigan: en España deben hacerse oposiciones para médico de la Seguridad Social, arquitecto municipal, inspector de Hacienda, abogado del Estado, fiscal, juez, o cualquier puesto público. Hasta un profesor de instituto o catedrático de universidad deben hacerlas. Quien pretenda currar en los sectores de la sociedad dedicados a la función pública, debe enfrentarse a unas oposiciones que a veces son de una dureza terrible, en situaciones de extrema competencia y con años de estudio, preparándose. Y sin embargo, el aspecto más decisivo en nuestras vidas, la actividad política que determina el presente y condiciona el futuro, puede caer en manos de cualquiera. A veces, quizás, de individuos excepcionalmente preparados; pero también, y eso ya resulta menos excepcional, de cualquier analfabestia incompetente, varón o hembra, incapaz de articular sujeto, verbo y predicado, cuyo único mérito, o aval, es compartir ideología o intereses -a menudo una y otros van íntimamente relacionados- con un partido político concreto.

Porque echen cuentas, señoras y caballeros. Si no todos los médicos que salen de la facultad superan las pruebas de residente, ni todos los abogados las de juez, por ejemplo; si para conducir un coche hace falta superar un examen teórico, otro práctico y tests psicotécnicos; si tenemos la constancia experimental de que no todos valemos para todo, ni siquiera cuando se trata de gente preparada y con estudios, calculen, entonces, el control de calidad, las Iteuves posteriores y la psicotecnia que pasaría buena parte de las decenas de miles de políticos españoles en activo o en pasivo, algunos de los cuales -conozco a un concejal de cultura en esa situación exacta- no tienen ni acabado el bachillerato. Consideren los que habrían llegado ahí, donde están, medran y trincan, de exigírseles estudios, preparación, controles éticos y formación adecuada. De aplicárseles de un modo práctico, objetivo, antes de ocupar puestos de tanta importancia, tan bien pagados y con tantos privilegios, la idea de los antiguos filósofos griegos de que toda comunidad pública debe ser gobernada por los mejores. Y de establecerse si lo son. O si no lo son.

Eso, naturalmente, incluye a algunos de nuestros sindicalistas, ornatos del telediario. Cuando oigo expresarse a los más conspicuos, o los veo pasear la pancarta queriendo ponerse al frente de ciudadanos honrados que no sé cómo los toleran, con sus antecedentes, pienso que todo aspirante a líder sindical debería probar antes su conocimiento histórico de la lucha de clases y su capacidad oratoria para convencer al trabajador de que es necesario dedicar parte del sueldo -y no de subvenciones estatales embolsadas por la cara- a mantener una institución sindical imprescindible para la sociedad, cuyo único fin es defenderlo de las agresiones de empresarios y políticos. Y si, por reparto de pastel, ese mismo sindicalista puede acabar en el consejo de administración de una caja de ahorros -que tiene pelotas la cosa-, tampoco estaría de más que se le examinara antes de las cuatro reglas: sumar, restar, multiplicar y dividir. Como mínimo.

Así que, oigan. Puestos a suponer gente pública idónea, España decente, mundos felices donde comer perdices, permítanme imaginar una actividad política regida por el sentido común. O sea: militantes de partidos colaborando, faltaría más, en cuanto haga falta. Según su ideología, interés y conciencia; allá cada cual. Sin embargo, cualquiera que aspirase a figurar en una lista elegible por los ciudadanos, tendría que hacer antes unas oposiciones en las que se le examinase de cultura general como trámite previo. Y luego, según las especializaciones a las que aspirase -ministro de Trabajo, presidente de Gobierno y tonterías así-, de economía, derecho, política internacional, historia de España y ética, por ejemplo; aunque temo que aprobar ética muchos lo tendrían peliagudo. Y por supuesto, idiomas: inglés, un poco de francés, alemán. A no pocos de ahora -muchos impresentables de ambos sexos lo demuestran en cuanto abren la boca en el Parlamento- ni siquiera se les exige hablar bien el castellano.

por Arturo Pérez Reverte - XL Semanal, 13 agosto 2012

Protesta 10 agosto

Protesta 03 agosto

Protesta 27 julio

 Seguimos... Y seguiremos... reclamando una mayor justicia en los recortes!

Protesta 20 julio 2012

Seguimos reclamando una mayor justicia en la distribución de las cargas.

19J

 La plaza llena... y no es la Pandorga!

Funcionarios y Función Pública

Tengo para mí que la causa última de la crisis económica que nos asola es de carácter sistémico o estructural y radica precisamente en la perversión primero y luego en la lenta y larga agonía de los principios en que descansa el estado de derecho. Quizás el más importante de esos principios violados sea el de la separación de poderes, que enunciaron los liberales ilustrados clásicos del siglo XVIII, en especial Montesquieu y Locke, con su famosa división entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Nadie que no sea político en activo o expectante podrá negar la fagocitación del legislativo por el ejecutivo o la politización extrema del poder judicial, cada vez más mediatizado por aquel.

Esta evidencia, sin embargo, oculta otros graves problemas que afectan de forma muy grave a la organización institucional del ejecutivo y concretamente a las relaciones entre los políticos, funcionarios y el resto de los trabajadores del sector público.

¿Qué es un funcionario? La respuesta parece de Perogrullo: Funcionario es aquél que realiza una función pública y en este sentido, es un servidor del estado o de la administración pública para la que realiza las funciones públicas. Sin embargo, si atendemos al número de funcionarios que hay en España y que según distintas fuentes ronda los 3 millones de personas, parece que algo falla.

El funcionariado fue concebido como un estatuto especial para proteger a los servidores públicos de las decisiones arbitrarias de quienes en cada momento ostentaran el poder. Por este motivo, se trató de reclutar a las mejores cabezas por medio de importantes barreras a la entrada (oposiciones) a fin de construir una administración altamente profesionalizada y que sirviera de contrapeso del poder político y sus urgencias temporales. En definitiva, la Administración fue concebida para actuar como garante de los intereses generales, pensando más en el largo plazo y dotar de estabilidad y eficacia a la acción política y de este modo, al conjunto del sistema político.

Por razones que no vienen al caso, este sistema que podríamos denominar napoleónico, quedó superado históricamente, de manera que en la actualidad ni siquiera como metáfora podemos defender que funcionario sea aquel que realiza funciones públicas. En efecto, si elaboramos un catálogo genérico de tales funciones quedarían indudablemente incluidas todas aquellas que llevan aparejado el ejercicio de un poder estatal: militares, policías, jueces, inspectores, reguladores, etc.

Sin embargo, el estatus de funcionario es disfrutado y ansiado por numerosos colectivos y personas que realizan las más variopintas actividades profesionales y económicas que ni por asomo llevan aparejado el ejercicio de poder administrativo alguno. Aparte de su condición funcionarial, lo único común a la pléyade de médicos y personal sanitario, arquitectos, ingenieros, bomberos, docentes, abogados, economistas, administrativos, científicos, periodistas, ferroviarios, transportistas, etc. es que sus actividades no tienen ni por asomo la condición del ejercicio de un poder del estado. ¿A qué viene entonces atribuirles el estatuto funcionarial cuando otras personas e incluso ellas mismas realizan estas actividades en la esfera privada?

La respuesta oficial es obvia: Es preciso que estas actividades se realicen en el seno del sector público en condiciones de respeto del principio de legalidad y en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos. Pero en la práctica, la realidad es otra y desvela el abuso perverso del sistema, sin necesidad de entrar en los casos patológicos de los funcionarios nombrados o enchufados a dedo.

Por razón de su importancia, el estatuto del funcionario es lógicamente privilegiado frente al del trabajador ordinario: Goza de una estabilidad vitalicia en el empleo, con un salario asegurado y las condiciones de movilidad geográfica y funcional son mucho más favorables en general que en los de una empresa privada, sin que ello suponga en general una retribución inferior. En los casos excepcionales en que la retribución en el sector privado es mayor, tienen la posibilidad de solicitar la excedencia, sin perder la plaza y en muchas ocasiones pueden compatibilizar el trabajo para el sector público y el privado. Tampoco es ningún secreto que las exigencias de productividad en el sector público nada tienen que ver con las que existen en el ámbito privado, de manera que la administración necesita con frecuencia externalizar determinados servicios, incluso en actividades que implican el ejercicio directo de funciones públicas (i.e. el encargo de la redacción de normas o dictámenes de su defensa en caso de impugnación a despachos privados). Corolario lógico de todo ello es que son muy numerosos los colectivos que reivindican su funcionarización pero prácticamente inexistentes quienes defienden lo contrario.

Pero desde el punto de vista político hay otras razones no tan visibles pero de mayor gravedad para el sistema. La generalización del estatuto funcionarial degrada su carácter y elimina por completo cualquier vestigio de control del poder político por parte de la propia administración. Provoca también una forzosa equiparación salarial, con un recorte de retribuciones extraordinario por arriba, de manera que las mejores cabezas ya no optan por hacer el esfuerzo necesario para ingresar con vocación de permanencia en la administración; todo lo más, utilizan legítimamente su paso por ella como si de un máster o practicum se tratara, previo a su incorporación al poder privado. De esta manera, la administración queda perfectamente neutralizada como contrapoder político, con una estructura elefantiásica totalmente ineficiente y consumidora bulímica de ingentísimos recursos.

Sin embargo no es inútil, ya que se ha convertido en el perfecto instrumento al servicio del poder político y del pensamiento único políticamente correcto, sin importar sus brutales ineficiencias jurídicas y económicas y que pasito a pasito, vaya ganando terreno a las libertades ciudadanas, degradando el estado de derecho.

Francisco Javier Oñate Cuadros - Hay Derecho

Recortan el sueldo a todos los empleados públicos para no despedir a los enchufados

Por lo general uno intenta, aunque no siempre lo consigue, ser ponderado y ecuánime en las opiniones que vierte en este blog,  pero eso no impide que hoy exprese con claridad mi opinión aun a riesgo de que luego haya quien diga que tan solo sangro por la herida.

Y es que no todos los días nos enteramos de que, no solo nos escamotean de la noche a la mañana casi tres mil euros del ala -medio millón de las antiguas pesetas (en parte ya devengados)-, sino que además, en virtud de la subida del tipo impositivo del impuesto sobre el valor añadido, nuestra capacidad adquisitiva se va a ver reducida más o menos en un 2% neto más, lo que unido a los anteriores recortes y al incremento del coste de la vida, en particular el inflexible crecimiento de los precios regulados de la energía y el combustible hace que, sin comerlo ni beberlo, uno sea casi un 25% más pobre que hace un par de años.

La herida es por si misma importante, pero para los que conocemos un poco de que va el cuento, aún fastidia más si cabe por la forma en la que se aprueba, en medio de los aplausos y vítores en el Congreso, como si estuvieran celebrando una victoria más de los políticos contra los funcionarios de carrera de toda la vida, pues en el fondo lo que subyace tras esta opción es que se recorta el sueldo a todos los empleados públicos para no tener que despedir a la legión de enchufados que durante los últimos años han ingresado en todas las administraciones públicas gracias a las corruptelas partidistas (sea cual sea el partido que las maneje) por la puerta de atrás y pasando olímpicamente del principio de mérito y capacidad y, en muchas ocasiones del principio de publicidad y libre concurrencia.

Muchos han sido los instrumentos para poder colocar a las huestes propias, los amigos y parientes. Así, partiendo de un inducido desprestigio de las pruebas selectivas de ingreso (decimonónicas, memorísticas, trasnochadas, elitistas…) para justificar su relajación o incluso su sustitución por otras fórmulas en las que los elementos subjetivos sean más fáciles de introducir; la medida más dañina que se ha adoptado en materia de función publica fue la aprobación de un Estatuto del empleado público que mezcla curras con merinas e iguala a todos por abajo, tan ambiguo y abierto que después de años sin desarrollar permite, por poner un ejemplo de aberración que afecta a los funcionarios del Grupo A, amortizar puestos de trabajo técnicos o directivos reservados a funcionarios para poder contratar para esos cargos en régimen laboral fuera del convenio colectivo a personas ajenas a la función pública, con el premio adicional de escamotear los puestos así creados del techo de gasto de personal fijado presupuestariamente.

Y qué decir de la falacia en la reducción o congelación en la tasa de reposición de efectivos a la par que se mantiene o se incrementa la prestación de servicios, cubriendo las vacantes derivadas de las bajas producidas bien con interinidades o contratos temporales controlados directa o indirectamente por los sindicatos, bien con externalizaciones de servicios que, en la mayoría de los casos, son contratos laborales fraudulentos por constituir una cesión ilegal de trabajadores con arreglo a la legislación laboral.

Los interinos así contratados tienden a consolidar después su posición gracias a procesos de selección “light”, y los trabajadores de las contratas terminan incorporándose a la administración vía sentencia judicial, gracias a una perversa jurisprudencia consolidada por el malhadado Estatuto Básico, que hace prevalecer en el ámbito de las administraciones públicas la subrogación empresarial en el caso de cesión fraudulenta de un trabajador de sobre los principio de mérito y capacidad en el ingreso en la función pública, sin que eso tenga coste alguno para el gestor que, a sabiendas, recurre a estas prácticas.

En definitiva, gracias tanto a las corruptelas e intereses de unos y de otros como a la cada vez más evidente patrimonialización de las administraciones públicas por los partidos políticos y sindicatos, nos encontramos con que la usucapión o prescripción adquisitiva de derechos se ha terminado convirtiendo en la práctica en una nueva –y artera- forma de acceso al empleo público.

Eso, por no empezar a hablar de los contratados por las fundaciones privadas de capital público o por todas esas empresas públicas creadas solo con la finalidad de gastar dinero público al margen del rigor establecido por el Derecho Administrativo y que aunque se ha anunciado varias veces su disolución, ahí siguen para uso y disfrute de los agraciados.

Hace ya algunos años, tuve ocasión de escuchar como todo un Secretario de Estado para las Administraciones Públicas, en una intervención pública invitado a un congreso de FEDECA, nos trató a quienes le escuchábamos de ”privilegiados por tener un puesto de trabajo fijo” y es posible que en parte así sea, pero desde luego, al menos en el caso de los allí congregados, no es en absoluto un privilegio gracioso, como el que pretenden consolidar a favor de otros con esta bajada de sueldo, sino que fue ganado a pulso en duros procesos selectivos a las que pudieron presentarse todos los españoles licenciados universitarios que cumplieran con los requisitos y, después, con unos cursus honorum más o menos accidentados, en los que la inmensa mayoría hemos servido a nuestro país con lealtad, dedicación y mucho trabajo, aun cuando pronto fuimos conscientes de que en nuestras carreras administrativas la suerte, la arbitrariedad política y corporativa o el  amiguismo tienen mucha más influencia que el buen hacer o el buen saber (y en gran parte ese el problema que debemos resolver en nuestro modelo si queremos que sobreviva).

El qué ahora se vuelva a hacer tabla rasa y se trate por igual a justos y pecadores es una decisión que, como esa desastrosa amnistía para defraudadores, obvia cualquier componente ético y, en mi opinión, al margen del ahorro que pueda suponer,  servirá principalmente para sembrar el desánimo en los funcionarios competentes y para justificar en su conducta a los alborotadores y a los que ya han tirado la toalla.

José María Pérez Gómez  -  Hay Derecho

Ella es funcionaria... 900 €

Pilar Martínez (50 años) es celadora en un hospital madrileño, tiene dos hijos, paga una hipoteca desde hace 15 años y recibe un sueldo que se ha visto recortado en 200 euros en cuestión de meses. “Antes cobraba 1.100 euros, ahora apenas llego a los 900. Desde 2010 tengo más problemas”, admite. “Muchas veces no llego a final de mes”. Desde 1997, argumenta, los funcionarios han perdido poder adquisitivo. “Ahora ni voy al cine, ni de vacaciones”, afirma esta trabajadora que lleva 23 años en el mismo puesto.

Sus dos hijos ya no viven en la casa de esta divorciada, pero reconoce que uno de ellos tiene "muchas dificultades", ya que sus trabajos siempre son esporádicos y "precarios".

Según esta funcionaria, los trabajadores públicos viven “con mucho miedo”. Tanto, que no pueden ni ponerse enfermos: “Necesito operarme de los pies, pero no puedo estar de baja, porque perdería mucho dinero”. Según sus cálculos, dejaría de percibir entre un 60% y un 70%.

“Trabajando en sanidad, es un absurdo”, el nuevo escenario, afirma. “Cuido a enfermos todos los días. ¿Qué pasaría si un día voy con gripe a trabajar?”. Para ella, lo importante, hasta ahora, es mirar si tiene “para comer” y, si puede, dejarle algo de dinero a sus hijos.

Además, reniega de la imagen que tiene la sociedad de los funcionarios: "Somos la cabeza de turco de la sociedad", comenta. "Dicen de nosotros que somos unos vagos que entramos y salimos cuando queremos, pero somos mileuristas como todos. Y eso si llegamos".

Artículo publicado en "El País" (16 julio 2012)

No equivocarse de enemigo

            Escribía hace poco en este mismo sitio sobre la fobia que parecíamos despertar los funcionarios públicos en algunos destacados representantes políticos, empresariales y financieros.

            Siento, por ello, tener que volver sobre el tema. Pero, aun a riesgo de parecer pesada, creo que los últimos acontecimientos hacen que quienes desempeñamos una función pública no tengamos más remedio que salir al paso de tanto ataque, de tanta descalificación y de tanta injusticia.

            Y decir, aunque sea por enésima vez, que la estabilidad en el empleo de los funcionarios no es un privilegio para ellos, sino una garantía de toda la sociedad. Porque sirve para preservar la neutralidad ideológica de la administración y los servicios públicos frente a los avatares de los cambios de gobierno, y su instrumentalización por quien, en cada momento, pueda detentar el poder político.

            Que, además, y en cuanto oportunidad de empleo, está abierta absolutamente a todos los españoles, con arreglo a estrictos principios de igualdad de participación, y selección por mérito y capacidad, demostrados a través de las pruebas que en cada caso correspondan.

            Y que, una vez que, tras muchos años de sacrificio, ha obtenido su plaza, lo normal es que el funcionario público se deje la piel intentando desempeñar el destino que le toque, con todo el ánimo y la ilusión de quien ha decidido dedicar su vida al servicio público. No a vaguear, o tomando "cafelitos", como decía, hace poco, el Secretario de Estado de Administraciones Públicas, seguramente con una intención bien premeditada.

            Porque, a continuación, se ha desatado toda una carrera de descalificaciones, especialmente, por parte de los distintos "voceros" replicantes que menudean por tertulias y magacines, tras las cuales, se reducen los sueldos, se suprimen pagas y permisos y se aumenta el horario laboral de  los funcionarios públicos.

            Es decir que, primero, se insulta, se encizaña, se indispone a la opinión pública contra los funcionarios, para generar un clima adverso y hostil contra ellos. Y, a continuación, ya se dispone de coartada para aplicarles unos recortes en derechos económicos y sociales, yo creo que, en buena medida, claramente inconstitucionales.

            Y que a mí me parece que responde al mismo criterio que cuando se dice que se sube el IVA, porque no todo el mundo paga lo que debería. O que se reducen las prestaciones por desempleo, para "incentivar" que los parados busquen trabajo.

            Que, sin embargo, y sorprendentemente, no generan el reproche general hacia quienes así se expresan, desde la responsabilidad, además, de perseguir los fraudes que se produzcan, o de establecer las condiciones necesarias para generar empleo. Por el contrario, en muchos casos, da lugar a que se produzca un cierto enfrentamiento social de reproches cruzados entre los distintos colectivos de quienes, finalmente, terminan, todos ellos, resultando víctimas, perjudicados por tales decisiones.

            Sería, por ello, fundamental, que nadie se llame a engaño ante tales manifestaciones, que parecen dirigidas a despertar la visceralidad de unos trabajadores-ciudadanos-contribuyentes contra otros, para desviar la atención e intentar justificar decisiones de difícil, cuando no imposible sustento.

            Esos funcionarios cuyo rechazo tanto se fomenta, no son esa caricatura de los manguitos y la gorra de hule que desde esas posturas se sugiere. Son los médicos y demás sanitarios que, además, tienen que multiplicarse para atender a cada vez más pacientes, con menos recursos personales. Y lo mismo los maestros. O los policías, guardias civiles, bomberos, funcionarios de prisiones, o inspectores de Hacienda que, ante los déficits de plantillas tienen que asumir, a base de horas extras, que ni siquiera se les retribuyen, unos servicios cada vez mayores.

            ¿Y en la Administración de Justicia?. No es posible que quienes así nos descalifican desconozcan los datos públicos y constatados de la cada vez mayor y más inabarcable carga de trabajo de jueces, fiscales, secretarios judiciales y demás funcionarios que, según las estadísticas judiciales, año a año van incrementando el número de asuntos resueltos.

No puedo entender, por ello que quienes tienen la responsabilidad de gobernarnos recurran a comportamientos tan inexplicables como lanzar descalificaciones genéricas a quienes tienen el cometido de garantizar el funcionamiento de los servicios públicos básicos y esenciales para la sociedad.

Ni siquiera si lo hacen para justificar la reducción de sus retribuciones económicas hasta extremos que, en muchos casos, van a comprometer, incluso, el límite de su propia subsistencia y la de sus familias.

Primero, y sobre todo, porque es injusto. Y quienes conocemos, cada uno en su área, cómo se prestan los servicios públicos en otros países de nuestro entorno, podemos afirmar que estamos en los mejores niveles del resto de los países europeos. Y, en segundo lugar, porque, lo único que pueden conseguir con ello es afectar al propio crédito de España como Nación.

Como para que se fíen de nosotros quienes tienen que prestarnos el dinero para remontar esta situación de bancarrota en que hoy estamos.

Y claro que hay que reducir gastos en el sector público. Pero lo que ahora nos recortan a los funcionarios públicos no va a servir para otra cosa que para ganar algo de tiempo, y taponar sólo alguno de los numerosos agujeros por los que sí se está produciendo esa sangría pública de recursos que es la que verdaderamente hay que detener, antes de que acabe con todo un sistema que no da para más.

Que no es otra cosa que esa megalítica estructura política que han ido generando en las distintas administraciones públicas, a todos los niveles, superponiéndolas, normalmente, a la función pública real. No sólo por parte de los distintos cargos electos estatales autonómicos, locales y europeos, multiplicados hasta límites tan inverosímiles como innecesarios, sino toda la cohorte de asesores, consejeros y asistentes personales que cada uno haya tenido a bien llevarse consigo.

También las miles de empresas públicas sin más función que la de sustraerse a la aplicación de las normas que tienen que garantizar el control, la transparencia y la regularidad de toda actuación administrativa. Y que, de paso, sirven para colocar mucha gente afín, a dedo, cobrando, en su mayor parte, sueldos muy por encima de la media de los funcionarios del mismo nivel y ámbito de actuación.

Y podríamos seguir así, enumerando creaciones de este tipo páginas y páginas: embajadas autonómicas, televisiones públicas, coches oficiales, etc, etc, etc...Que nos dan idea de que, visto el panorama, ha sido tal la enormidad del derroche y el descontrol que lo que resulta difícil de entender es cómo hemos podido llegar hasta aquí, siquiera.

Y mientras no se acabe con toda esa anormal superestructura, ninguno de los sacrificios aislados de funcionarios, desempleados, pensionistas, ni contribuyentes va a servir para otra cosa que para irnos deteriorando cada día un poco más.

De las distintas quejas que un informativo recogía de los funcionarios que se manifestaban en una ciudad española, me llamó la atención una señora que decía: "Los derechos que hemos adquirido en veinte años los estamos perdiendo ahora en dos días"...

Porque es lo mismo que podrían decir muchos millones de españoles, afectados por otros recortes y otras medidas.  No nos equivoquemos, pues, a la hora de decidir con quién tenemos que enfadarnos.     

María Tardón - Jueza, Presidenta de la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid

Manifestación 15 julio 2012

Manifestación espontánea de funcionarios, en la tarde noche del 15 de julio de 2012, contra los RECORTES del Gobierno, al grito de "HASTA LAS PELOTAS, DE CAPULLOS Y GAVIOTAS", "HIJOS DE FABRA", o "EL PRÓXIMO PARADO QUE SEA DIPUTADO".

Gracias Funcionarios

Ante el ataque a los funcionarios, me pregunto qué pasaría si los titulares de prensa tuvieran un tenor parecido a éste:

Un funcionario descubre el bosón de Higgs (Peter Ware Higgs es profesor de física con tenure, equivalente a funcionario).

Un funcionario consigue incrementar la donación de órganos en España con cifras sin precedentes (Rafael Matesanz es funcionario).

Un funcionario consigue que se detenga a Pinochet (Baltasar Garzón era funcionario).

Un funcionario consigue reducir las muertes en carretera en más de un 50% (Pere Navarro es funcionario, y era además alto cargo como Director General de Tráfico).

Un funcionario salva a una mujer de ser asesinada por su marido (pensad en guardias civiles, policías...).

Un funcionario detiene a un peligroso terrorista.

Y yo quizá diría: un funcionario ayuda a nacer a mi hijo. Una funcionaria me enseña a darle el pecho. Otra funcionaria me atiende los días posteriores y se asegura de que todo está bien.

Gracias funcionarios.

Violeta Ruíz - Cartas al Director (El País, 15 julio 2012)

No vuelva usted mañana

Parece que ahora son los culpables de la crisis. Ni los bancos que ofrecían productos basura, ni la especulación urbanística que ha llenado de cemento nuestros litorales, ni las políticas que veían brotes verdes donde sólo había negros pozos. La crítica generalizada a los funcionarios llena diarios y tertulias. La imagen de un empleado público, ineficaz y holgazán, y que siempre está almorzando, ha ido haciendo mella en la sociedad. Pero funcionarios también son los médicos que salvan vidas, las enfermeras que cuidan a las personas con dificultades, el policía que arriesga su vida para que la de los demás sea más cómoda, o el profesor que nos abre la mente para que no caigamos, una y otra vez, en prejuicios creados con toda la intencionalidad.

Suele utilizarse el nombre de Larra para criticar a los funcionarios, citando una y otra vez el célebre artículoVuelva usted mañana, publicado en 1833 en El Pobrecito Hablador bajo el pseudónimo del Bachiller. El escritor romántico, muy crítico con la sociedad en la que le tocó vivir, realiza una sátira del trabajador español, y le acusa de estar regido por el "pecado mortal de la pereza". El texto narra cómo un extranjero visita España para invertir su capital. Sans-délai, que viene de París, quería permanecer 15 días para resolver sus objetivos. El narrador del artículo le responde con una carcajada y le asegura que no se marchará de Madrid en menos de quince meses. "Sabed que no estáis en vuestro país activo y trabajador", le dice.

Larra nos explica las peripecias que el extranjero va sufriendo. Primero busca un genealogista para encontrar sus antepasados familiares. La respuesta de la criada del "profesional" siempre será la misma: "Vuelva usted mañana". Un día está en los toros, otro; haciendo la siesta, otro; no se ha levantado todavía y, finalmente, se equivoca con su apellido. Más tarde, Sans-délai topará con un traductor, un escribiente, un sastre, un zapatero, una planchadora o un sombrerero. Ni rastro del funcionario, burócrata y despreocupado, al que tantas veces se alude al citar el conocido artículo.

Es cierto que al final del texto describe a un "oficial de mesa", una "señoría" que no les atiende porque dice estar siempre ocupadísimo, aunque la verdad es que está leyendo el periódico. Pero tampoco se trata de un funcionario tal y como hoy lo entendemos porque esa figura, en realidad, no existía. El empleado público típico del siglo XIX se llamaba "cesante", era designado por el político de turno, y elegido por sus filias más que por sus méritos. Ahí está la verdadera crítica.

El cesante, pues, es lo que hoy se reproduce en forma de cargos elegidos a dedo - podemos poner tantos ejemplos, aún... - y sin ningún tipo de experiencia anterior en el lugar que va a ocupar. Es por ello, porque el estado necesita técnicos cualificados y profesionales especialistas, que ya Antonio Maura, en 1898, denuncia la situación en un duro discurso en la Academia de Jurisprudencia (también lo hace, en 1888, Benito Pérez Galdós en su novelaMiau). No será hasta el Estatuto de 1918 cuando se recogerá la inamovilidad de los funcionarios, medida fundamental para conseguir la independencia de la Función Pública, y la estabilidad de las administraciones.

Qué duda cabe que en un mundo complejo todo es revisable. Y, hoy, buscar la máxima eficacia no sólo es necesario, sino imprescindible. Pero culpabilizar a los funcionarios de la actual situación económica es, además de injusto, contradictorio. Mientras el autor de Vuelva usted mañana se ríe del "loco orgullo de no saber nada, de quererlo adivinar todo y no reconocer maestros", los funcionarios lo son por pasar pruebas, oposiciones y demostrar aptitudes. Es en la meritocracia - aunque ésta siempre sea discutible y llena de matices - donde el ciudadano encuentra la igualdad de oportunidades y, por lo tanto, garantiza su propia libertad y la de los demás. Podemos recortar el sueldo a los funcionarios, acusarles de que tengan empleo estable (omitiendo que lo tienen porque se han preparado para ello), pero no nos equivoquemos. "La verdadera intriga" para que un país no vaya a la hora, según Larra, es la pereza. "Ésa es la gran causa oculta: es más fácil negar las cosas que enterarse de ellas", nos avisa.

Albert Lladó - La Vanguardia (26 diciembre 2011)

SEGUID LLAMÁNDOME PRIVILEGIADA Y NO RESPONDO

El Gobierno ha anunciado nuevos recortes sociales, entre los que se encuentra la supresión de la paga “extra” de Navidad a los funcionarios. Dentro de lo apocalíptico de la situación, la jugada política es impecable. Nuestro presidente habla de paga “extra” en lugar de lo que realmente es, una bajada de sueldo del 7%. Con ello demuestra de nuevo el soberbio dominio del poder de las palabras que caracteriza la retórica del PP, al tiempo que acalla voces críticas: No miren la subida del IVA, fíjense mejor en como castigamos a los funcionarios, que como todos sabemos, son unos vagos y unos privilegiados. Y así, mientras unos rompían en aplausos, otros veíamos como éramos de golpe doblemente más pobres. Por un lado se nos bajaba el sueldo por nuestra condición de privilegiados, y por otra se nos subían los impuestos como a cualquier otro ciudadano.

Tras escuchar este anuncio, yo salí junto a otros miles a manifestarme con los mineros, porque, parafraseando a Publio Terencio, nada de lo obrero me es ajeno. Sin embargo, ¿cuánta gente se manifestaría con los funcionarios como trabajadores? No me refiero a manifestarse en defensa de los servicios públicos, sino en defensa de los derechos de los funcionarios como obreros. ¿Saldría usted a protestar conmigo por nuestra bajada de sueldo? ¿o por el aumento en nuestra carga de trabajo? – Carcajada.

España es una país funcionarista, y el funcionarismo, un tipo de discriminación no reconocido por la sociedad. Cuando alguien dice que los andaluces somos unos vagos, o que los chinos nos invaden, o que los musulmanes son unos maltratadores, suele haber alguien que enseguida se le echa al cuello (y con toda la razón) por hacer uso de una generalización discriminatoria de un estereotipo. Sin embargo, cuando alguien dice que un funcionario es un privilegiado o un vago, mucha gente asiente y al punto alguien dice “Uys, sí, yo tengo un amigo funcionario que…” 1. desayuna tres veces, 2. hace la compra en horario laboral, 3. se da de baja sin estar enfermo, 4. todas las anteriores y alguna más.

No mucha gente parece pararse a pensar que esta generalización discriminatoria incluye a 1,6 millones de funcionarios, más otro millón de interinos y personal laboral del sector público. 2,6 millones de personas, todas ellas vagas y privilegiadas. La llamada casta parasitaria. Yo soy funcionaria, hago un trabajo y se me paga por ello. Siguiendo esta lógica, ¿es usted entonces un parásito de su empresa?

En este grupo de privilegiados parásitos se incluye por igual no sólo al funcionario-profesor, al funcionario-enfermero o al funcionario-administrativo, sino al funcionario-profesional y al funcionario-jeta. Y profesionales y jetas hay en todas partes, no sólo en el sector público. Sin embargo, a todos nos gusta señalar con dedo acusador a los funcionarios. De hecho, incluso nosotros mismos nos acusamos unos a otros: “Yo soy funcionario, pero médico, oiga, ¡no de los de ventanilla de registro que se pasan la mañana en el bar!”. Pues también hay grandes profesionales que trabajan detrás de una ventanilla, mire usted.

La raíz de esta discriminación está en confundir privilegios con derechos, sumados al carácter envidioso del español medio: nos cuesta asumir que alguien esté mejor que nosotros, y lejos de luchar por conseguir que todos mejoremos y alcancemos el nivel del que está mejor, nos regodeamos en el morbo de ver hundirse al de al lado.

A pesar de la insistencia de muchos miembros del Gobierno en la idea de que los funcionarios somos unos privilegiados, la realidad es que no somos más que trabajadores. Unos trabajadores que en su mayoría no ganan más de 1.000 euros al mes. Unos trabajadores que en tiempos de bonanza no recibieron un aumento del 12%, que es lo que se nos ha rebajado en los últimos dos años a nivel nacional (a esta cifra hay que sumar el porcentaje que cada comunidad ha estimado oportuno llevar a cabo). Unos trabajadores que hemos sufrido durante años las burlas de los demás por tener unos sueldos miserables en comparación con el pseudo-enriquecimiento colectivo. Unos trabajadores que tenemos el privilegio de pagar con nuestro trabajo, nuestros impuestos y nuestros sueldos una crisis en la que poco hemos tenido que ver. Unos trabajadores que tenemos que hacer lo anterior como el resto y encima sufrir un linchamiento colectivo por el mero hecho de haber elegido una carrera profesional en la función pública.

Dicen que nuestros privilegios son la estabilidad laboral, nuestros sueldos, nuestras vacaciones, nuestros días por asuntos propios… Señores, esos son nuestros derechos como trabajadores y también los estamos perdiendo. Nuestros privilegios son otros. Nuestro privilegio es educar a las generaciones futuras, curar a los demás, salvar sus vidas en un incendio, gestionar que se haga justicia, casarles o hacerles llegar su correo. Y todo esto lo hacemos sin bonus, sin cestas de Navidad (ni paga desde ahora), sin ascensos, sin reconocimiento ni agradecimiento. Y si usted piensa ahora “A mi también me han bajado el sueldo” o “Peor estoy yo que no tengo trabajo”, recuerde, por favor, que los funcionarios no tenemos la culpa de eso. Si es de los que piensa “Peor estamos muchos y no protestamos”, por favor, proteste. Y piense lo que piense, no sea funcionarista.Juzgue a cada cual por el trabajo que realiza, y no se olvide de los que nos gobiernan. Gire su dedo acusador hacia ellos, igual entonces las cosas cambian.

Cruz Díez. Profesora de Enseñanza Secundaria. Funcionaria. "Privilegiada".

Asamblea

JUNTA de PERSONAL. INFORMACIÓN

En reunión celebrada de la Junta de Personal del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, a las diez horas del día de la fecha, se han adoptado las siguientes resoluciones por los motivos que se referencian a continuación.

1.                          Se considera la resolución de la Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real del pasado lunes día 23 de abril como una brutal agresión a los derechos de todos los trabajadores, vulnerando el Acuerdo Marco en vigor.

2.                          Que igualmente, se considera que se vulneran los principios de legalidad en los que debe regirse un trámite de este tipo.

3.                          Que las resoluciones que afectan de tal manera a los trabajadores son, el despido de trabajadores municipales, la posible rebaja de conceptos retributivos, la mala fe negociadora del Equipo de Gobierno, la toma de decisiones unilaterales por parte del Equipo de Gobierno, el no cumplimiento de los plazos legalmente establecidos para los trámites administrativos y por encima de todo, la falta de respeto total a todo el personal de este Ayuntamiento.

4.                          El rechazo frontal al “todo vale” del Equipo de Gobierno, vulnerando presuntamente cualquier principio legal, tanto administrativo como penal.

Por todo ello, se adoptan las siguientes resoluciones:

1.      Unidad plena de acción de todas las formaciones sindicales del Excmo Ayuntamiento de Ciudad Real.

2.      Convocatoria de Asamblea General de trabajadores para el próximo jueves día 03 de mayo, a las 18,30 horas en el SALON DE ACTOS del edificio de servicios multiples de la c/ Alarcos (antiguos ministerios).

3.      Reconocer a la Asamblea de trabajadores como soberana para la adopción de cualquier tipo de medida de movilización.

Montoro dice que la Administración Pública no es una oficina de contratación

Adjuntamos una noticia de EFE, de 20 de marzo de 2012:

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha afirmado hoy que la reforma de la Administración "no debe dar miedo a nadie" y que "ningún funcionario tiene nada que temer", si bien ha dejado claro que la administración pública "no es una oficina de contratación".En una conferencia en el Club Antares de Sevilla, patrocinada por el BBVA Montoro ha defendido que hay que cambiar el concepto "equivocado" de la función pública en el sentido de creer que quien saca una oposición ya lo tiene todo hecho y un empleo seguro. Ha abogado por abandonar esa mentalidad porque quien trabaja en un servicio público "se lo tiene que ganar como todos los españoles" e incluso de forma más exigente y ha apostado por una administración eficiente que evite la superposición de competencias y el despilfarro."Parece que estamos ante oficinas de colocación y eso es un concepto equivocado", ha señalado el ministro, quien ha insistido en que los ayuntamientos "no están para contratar a gente, sino para contratar a gente que sirva a los ciudadanos". Preguntado en el coloquio por la información que aparece hoy en el diario "El País" sobre que Hacienda plantea rebajas de sueldo y despidos en los ayuntamientos acogidos al plan de pago a proveedores, Montoro ha respondido, a lo que ha denominado "prensa libre", que el Gobierno pretende que las administraciones lleven a cabo planes de ahorro y supresión de organismos y que el sueldo de los empleados no se reduzca "si no es para dar más viabilidad a un ente público que pueda tener sobredimensión de su plantilla".No obstante, ha aclarado que eso lo tendrá que valorar cada administración y ha garantizado que el Gobierno central mantendrá el sueldo de los funcionarios en los presupuestos del Estado para 2012.De los planes de saneamiento que se les requieren a los ayuntamientos acogidos al plan de proveedores "no se desprende una situación negativa" para los funcionarios, ha señalado. Además, en su opinión, ningún funcionario está "cómodo sabiendo que su ayuntamiento es insolvente o que su sueldo se lo pagan con crédito", por eso es importante que desaparezca el déficit estructural y esto hará que tengan "auténtica seguridad en su empleo y no se vea sometido a vaivenes y amenazas "Con esos titulares se pretende crear "miedo a la gente", según el ministro, quien ha asegurado que "el que tiene que tener miedo es el que ha sido contratado para tener los brazos cruzados".Asimismo, ha reprochado a la "prensa libre" que no informara cuando se destruían cientos de miles de empleos por no pagar las facturas las administraciones y ha apostillado: "Parece que solo les preocupa un lado".Cuestionado en el coloquio sobre la reforma laboral, el titular de Hacienda ha reiterado que "no habrá ningún cambio en los elementos sustanciales" y ha sostenido que sólo desde "posiciones conservacionistas se puede defender" el modelo anterior.

Desde AF debemos añadir, con la dosis de ironía que nos acompaña, que entendemos que la Administración Pública no es una oficina de contratación. No. Para eso ya está la empresa privada, y aquí hay algunos ejemplos:

-          el marido de Soraya Sáenz de Santamaría

-          la mujer de Eduardo Madina

-          Eduardo Zaplana

-          Felipe González

-          José María Aznar

-      Elena Salgado

-      Pedro Solbes